El Estado de Partidos.

Si con el término partitocracia designamos a la democracia degenerada en el poder oligárquico de uno o más partidos, y con el concepto de Estado partitocrático nos referimos aquél en que el poder resulta monopolizado más o menos legítimamente por un partido o por una pluralidad de partidos coalizados, con el vocablo Estado de partidos no llamamos a una degeneración de régimen o del sistema político sino con esta palabra abarcamos una realidad, que de acuerdo con el gran constitucionalista español don Manuel García-Pelayo, se representa donde quiera que el poder político tiene como fuente la voluntad del pueblo “aparecen los partidos políticos como último órgano de creación de todos los demás órganos, ya que sin su mediación la masa amorfa no podría derivar de sí misma los órganos del poder del Estado”. No dice que los partidos sean un órgano del Estado. Dice que de ahí derivan los órganos estatales. Por eso es un error, como algunos lo hacen, manejarlos como términos intercambiables. Después de la revolución de 1789, ya sabemos que se promulgaron leyes aboliendo los gremios, fraternidades, corporaciones y todos los cuerpos intermedios y que las constituciones y la misma teoría del Estado (G. Jellinek), los ignoraban o los confinaban al ámbito privado.
En su libro esencia y valor de la democracia, H. Kelsen, en el que rectifica la tesis del Estado vaciado de poder y de que no basta que un Estado esté sometido a la ley para que sea un Estado de derecho, enfatiza que sólo el autoengaño o la hipocresía pueden afirmar la posibilidad de una democracia sin partidos políticos, pues lo cierto es que la significación de éstos es tanto mayor cuanto más se fortalece el principio democrático, de donde se deduce que el Estado democrático es necesario e inevitablemente un Estado de partidos.
Como bien expresa don Manuel García-Pelayo, en su libro El Estado de Partidos: en efecto, no son órganos del Estado, pues su voluntad no vale jurídicamente como voluntad del Estado. Pero aun cuando para la teoría clásica del Estado, los partidos pertenecen a la esfera de la sociedad, siendo que son los órganos que producen y echan a andar a los órganos estatales, deben ser reglamentados, debe promoverse una ley de partidos políticos.
En todo caso el término partitocracia es ambiguo dado que con él se pretende denunciar tanto una supuesta suplantación de la soberanía como un conjunto de vicios y privilegios que hay que suprimir para detener su desnaturalización y esclerosis, mientras que el concepto Estado de partidos explica el fracaso de los liberales, por negar la realidad de una base plural del Estado, promover una representación que sólo recae en el órgano estatal, exaltar una voluntad predeterminada, que no daba lugar para la competencia democrática y que tenía como intrusos a los partidos que consideraba que desunían lo que por naturaleza era monolítico y sí no había más que competir por funciones constitucionales, esa competencia era únicamente de aptitudes y no de ideas e intereses.
El Estado de partidos es la victoria de la realidad sobre la ficción. Es la victoria de la democracia sobre el liberalismo decimonónico, modificando la teoría clásica de la división de poderes, el parlamentarismo tradicional, el atomisismo y la teoría representativa.

La Partitocracia.

Hace ya muchos años Lorenzo Caboara nos decía que en el Estado partitocratico son precisamente los partidos los que en realidad disponen del poder soberano, en cuanto que, con su voluntad, constituyen la voluntad del Estado (LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL ESTADO MODERNO, Ediciones Iberoamericanas, S.A. Madrid 1967).
Hans-Jürgen Puhle, coautor de un extraordinario libro editado por José Ramón Montero, Richard Gunther, Juan J. Linz, afirma que Parteienstaat significa, en esencia, lo mismo que partitocrazia: una situación en la que los partidos políticos dominan el Estado y importantes segmentos de sus instituciones y de la sociedad, como la Administración pública (a todos los niveles), las empresas públicas, la educación, los medios de comunicación, etc. (Leibholz 1973 y von Beyme 1993).
Desde su aparición los partidos políticos han sido vistos como disolventes de una Nación que se tenía como monolítica. Muchos vieron en los partidos la fuente de división de algo que supuestamente se tenía por naturaleza como algo unitario. No fueron pocos los autores y los movimientos que levantaron la consigna de una Nación para un Estado, es decir, un Estado para cada Nación. La realidad hizo estallar esta construcción teórica.
Los liberales construyeron su teoría del Estado no solamente obsesionados por limitarlo a tal grado que muchos ven en esa teoría, una teoría del Estado sin Estado, sino chocando frontalmente contra los principios y valores democráticos. Para empezar al tener a la Nación como un ente monolítico llegaron a la conclusión de que la representación estaba en los órganos del Estado y que los representantes (diputados o senadores) expresaban la voluntad de ese todo y de ninguna manera a los distritos, que eran resultado de una división técnica para fines exclusivamente electorales, por lo que el mandato del representante viene de la Constitución y no de las urnas, siendo el voto también una función y no un derecho para reivindicar sus demandas. El concepto de ciudadano, al igual que el concepto de nación, son una ficción porque en el caso del primero solamente existe el ciudadano concreto: obrero, campesino, maestro, ama de casa, etc., en tanto en el caso de la Nación, no existe la Nación monolítica sino únicamente la Nación plural tanto étnica, social, biológica y culturalmente.
Los revolucionarios de 1789, partiendo del concepto de Nación indiferenciada llegaron a excluir a los partidos políticos y en su lugar colocaron una figura romana llamada comicios, que a partir de ese momento tendría la encomienda de proponer a los elegibles y desaparecer tan pronto finalizara las elecciones, con la desafortunada bifurcación del voto en voto pasivo y en voto activo.
El tránsito del partido de cuadros al partido de masas permitió su fortalecimiento, pero con el deslizamiento del partido de masas al modelo de partido que Otto Kirchheimer, llama catch-all party o partido de todo el mundo, que no toma partido, que sirve a Dios y al diablo, donde caben todos y que al pretender abarcar el todo destruye el sistema, acabando por negarse a sí mismo, que de entidad manipuladora de corporaciones ha pasado a ser entidad manipulada por las corporaciones, entrado a lo que Richard S. Katz y Peter Mair, denominan como partido cartel.
Ni duda cabe que la irrupción de los partidos políticos trajo primero la transformación de la teoría de la división de poderes, al existir la posibilidad de poder reunir en las manos de un solo grupo tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, y por otro lado, terminó con la fantasía de que el representante votara conforme a su consciencia dado que ahora recibe la línea de su partido, lo que no es menos nocivo que cuando recibe la línea de una empresa o familia de oligarcas. Con todo está a la vista que los partidos son cuestionados no tanto por esa desnaturalización que han hecho del diseño constitucional sino por su función representativa, que le es disputada por otros poderes empeñados en suplantarla o por lo menos someterla.
Hoy mismo observamos que por una parte está en proceso una reforma que según sus autores busca transferir poderes de los partidos a los ciudadanos pero por otra parte se enfocan las baterías para sitiar al PRI y pedirle que discipline a sus senadores y diputados para que voten la reforma laboral con la que Felipe Calderón desea agradar a los señores del gran capital. Entonces ¿dónde está la partitocracia o lo que la cultura vernácula llama partidocracia?

La deuda nos hunde.

El Presidente Vicente Fox, recibió una deuda del sector público que llegaba ya a los 2 billones 318 mil 200.1 millones de pesos, cifra que para los últimos días del 2002 alcanzaba ya los 2 billones 729 mil 842 millones de pesos que significaban un incremento del 17%, que al final de su mandato eleva a 3 billones 364 mil 650 millones de pesos. A Felipe Calderón Hinojosa le bastaron solamente 2 años para que la deuda pública llegara a los 4 billones 333 mil 123.5 millones de pesos, representando un 28.7%. Para ese entonces la población que teníamos registrada era de 107 millones 551 mexicanos (todavía no conocíamos el censo que nos arrojó 112 millones de habitantes), por lo que cada uno de nosotros debía (y digo debía por que hoy debemos más) la nada despreciable cantidad de 40 mil 289 pesos.
Alguien me podría decir que lo que importa es hablar de la deuda de los veracruzanos, no de los mexicanos, nomás le recuerdo que también somos mexicanos los veracruzanos y como tales tenemos derecho a saber que en el 2000 cada uno de nosotros debía 23 mil 700 pesos, deuda que tan sólo los primeros 4 años de Felipe Calderón se elevó a 42 mil 889 pesos, sin contar los últimos préstamos que nos ha otorgado el FMI y El Banco Mundial.
Tan sólo en sus primeros 8 años, los gobiernos panistas incrementaron la deuda en un 38%. Los créditos contratados por el Gobierno Federal panista en el mercado financiero nacional llegó en este lapso a 2 billones 529 mil 552 millones de pesos, cantidad que equivale al 20% del PIB y que se traduce en un 48.5% en relación al saldo con que inició el actual Presidente de la República. Así tenemos que Felipe Calderón contrató en esos primeros 4 años de gobierno, cada 24 horas, 939 millones de pesos que sumada la deuda interna y externa representan el 32.4% del PIB, cuando en diciembre de 2008 era de 21.4% y en 2007 de 17.4%.
El último domingo de enero de 2011 podíamos leer en los diarios nacionales: “De acuerdo con los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al cuarto trimestre de 2010, difundido por la Secretaría de Hacienda, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público en su versión más amplia (que incluye las deudas interna y externa, las deudas de CFE y Pemex, el rescate carretero, banca de desarrollo, rescate bancario y Pidiregas) ascendió a 4 billones 817 mil 385 millones de pesos, equivalente a 35.2 por ciento del PIB”.
Para ver cuánta razón le asiste al gobernador Javier Duarte de Ochoa, en su reclamo a aquellos que quieren hacer escándalo y bandera de la deuda en Veracruz y que por otra parte callan el tamaño de la deuda que han contraído los gobiernos panistas en el ámbito federal, bastaría subrayar que la deuda total de todos los estados de la federación hasta diciembre de 2010, es de 314 mil 935 millones de pesos, es decir, apenas el 2.4% del Producto Interno Bruto, en tanto que la deuda del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, es de 4 billones 817 mil 385 millones de pesos, que representa el 35.2% del PIB. Los números ponen al descubierto la argucia electorera del PAN.
Si partimos de que en las últimas décadas de los gobiernos priístas el precio del petróleo anduvo por debajo de los 10 dólares por barril, que hubo fuga de capitales y que también nos pegó la inflación, cosa que se oculta, no era ajena a los países de nuestra área geográfica, y que, como contraparte, los gobiernos panistas han tenido la fortuna de que los precios del petróleo rebasen los 100 dólares por barril y no hayan tenido fuga de capitales, es preocupante el destino y el monto de una deuda pública que ya amenaza la estabilidad nacional, y más cuando muchas obras de infraestructura, aun cuando se las adjudican, son de capital privado nacional y extranjero.
Cifras más cifras menos, pero como puede verse su variación es mínima, por eso mismo irrefutable, como irrefutable es que su monto total se equipare a nuestro PIB y que su incremento con Calderón supere el 100%.
Existen 50 mil millones de dólares obtenidos por excedentes petroleros durante el gobierno de Vicente Fox, que nadie nos ha informado hasta ahora donde quedaron.
La deuda pública es un flagelo que amenaza colapsar al país, como lo amenaza los casos de corrupción descubiertos en Pemex, en el Seguro Social, en el ISSSTE, como lo amenaza la inseguridad, los más de 36 mil ejecutados en lo que va el sexenio de Calderón, los miles de secuestros no resueltos, como lo amenaza los subejercicios presupuestales, como lo amenaza los gastos excesivos en publicidad, pero la mayor amenaza viene de la demagogia de los panistas al ofrecer en el Estado de México una alianza con la ciudadanía. Está más que obvio que por fin han descubierto que siempre han actuado en contra de la ciudadanía. Aunque demasiado tarde pero ojalá tan siquiera sirviera para que nos hablen con la verdad y si nunca han estado aliados con la ciudadanía, nos digan por fin con quien han estado aliados.

El gobierno ¿un mal necesario?

Antes que reflexionar sobre los diseños institucionales del gobierno, es importante comenzar por interrogarnos acerca del gobierno, sin equipararlo con el Estado, como lo hacen los norteamericanos, sino comprendiendo como tal a la dirección del Estado, o sí se estira el concepto podría llegar a abarcar a la dirección de la política institucional o mejor dicho a quienes tienen la autorización constitucional para tomar las decisiones en nombre de una comunidad, sin incluir al funcionariado, que le delegan facultades los escogidos para decidir.
¿Cuándo se interrogó por primera vez el individuo sobre el gobierno? ¿Cuándo apareció el primer gobierno? ¿Por qué las relaciones de mando y obediencia acaparan la historia del pensamiento político? ¿La política es sólo lucha por el poder? ¿El poder es únicamente un medio? ¿Es posible encontrar un diseño neutro? ¿Vale la pena diferenciar el personal del andamiaje institucional?
La idea de gobierno es posterior a la idea y necesidad de vivir grupalmente. Para enfrentar sus adversidades el individuo tuvo que asociarse, pero ese colectivo tuvo que generar reglas morales y cuando experimentó que los códigos sacros no eran suficiente para mantener la cohesión y armonía comunitaria, tuvieron que secularizar sus reglas y acuerdos y dotarlos de la fuerza contractual para terminar con la justicia de mano propia y dar nacimiento al Estado y a su dirección.
La religión dice salvar almas y la política dice salvar cuerpos, la primera gana adeptos amenazando con el infierno y ofreciendo como recompensa la gloria, en tanto la segunda amenaza utilizar la fuerza común en contra de los descarriados y ofrece como recompensa la vida buena (como dijera Aristóteles), buscándolo con distintos medios, que no obstante que alguno de sus predicadores se aparten del camino, pueden por ello tenerse como un mal necesario.
Los más acérrimos enemigos del gobierno, como los anarquistas, ahí donde derribaban un gobierno terminaban colocando otro.
Los marxistas documentaron el matriarcado, sosteniendo que el primer gobierno en forma que conoce la humanidad fue el de la mujer.
Los revolucionarios guiados por Lenin, ofrecieron cambiar el gobierno de los hombres por el gobierno de las cosas, y en lugar de ello levantaron la más grande organización de dominación que se haya conocido, que no la peor.
Los hombres y mujeres que recibieron las cartas de la Corona inglesa para colonizar las tierras que hoy son Estados Unidos, eran de los más emprendedores y huían de los obstáculos que le imponía la monarquía al desarrollo capitalista, por eso ya en tierras de la América del Norte, los puritanos, en sus plantaciones pactan y eligen un gobernador que, justamente por los daños que habían sufrido en su país de origen, ven como un mal necesario.
A.D. Lindsay, en su ya clásico libro El Estado Democrático Moderno, publicado en 1945, bajo el sello del Fondo de Cultura Económico, nos dice que los norteamericanos consideraban que el gobierno “era un mal necesario que había que soportar y reducir al mínimo”; sigue diciendo que: “Se da por supuesto que, en conjunto, la sociedad se basta a sí misma. Es decir, para ellos: este es necesario allí donde falla el sistema voluntario, pero es secundario, recoge la cita de Tomas Paine: “La sociedad es producto de nuestras necesidades y el gobierno de nuestra maldad; la primera fomenta nuestra felicidad de modo positivo; el segundo de modo negativo al refrenar nuestros vicios. Aquella fomenta el trato social, el gobierno crea distinciones. La sociedad es, en todas sus formas, una bendición, pero el gobierno, aún en su mejor forma, no es sino un mal necesario;” lo que significa enfrentar el mal con el mal, que Maquiavelo observo con excepción, no como regla. Más se asemeja a la tesis que deriva el gobierno del pecado original o de una incorrecta bifurcación de las civitas.
Cuando podemos constatar que 8 familias de un edificio de la Unidad Habitacional de Xalapa 2000, no se pueden poner de acuerdo ni para pintar o hacer una mejora a su edificio, nos damos cuenta que sin gobierno no podemos vivir, en todo caso luchemos por un Buen Gobierno, porque tener al gobierno como un mal necesario, solo destruye nuestra confianza hacia él y la cultura cívica que da fortaleza a nuestras instituciones.

La Paradoja de los Derechos Humanos.

En los próximos días llegan a las legislaturas de los estados, incluyendo la nuestra, un paquete de reformas que envía el Senado de la República, que tienen como propósito darle un carácter iusnaturalista a nuestra Constitución y prácticamente someterla a los designios externos al equipararla con los tratados internacionales. Reformas que están siendo procesadas por un Constituyente Permanente que pareciera representar solamente los intereses de las élites económicas nacionales e internacionales, dejando muy claro que los ciudadanos de a pie no tenemos representación. Pero no sólo eso sino también que al no participar ni aprobar, directa o indirectamente, sus destinatarios las reglas y valores que regulan sus relaciones entre ellos y con el Estado, como bien dijera Juan Jacobo Rousseau, pierden su libertad al obedecer una voluntad que no es la suya, que no han sido llamados a generar comúnmente.
En verdad que es una aberración que por una parte se diga que la ilustración irrumpe con el reconocimiento de la autonomía del individuo, y por otra parte, se le quiera imponer derechos eternos, intocables e inmodificables que ni siquiera permiten su discusión.
La verdad es que los Derechos Humanos les han sido expropiados a los humanos para circunscribirlos únicamente como todos aquellos que contribuyan a tener relaciones que permiten que unos cuantos se apropien de la riqueza que producen los no propietarios. No puede haber Derechos Humanos mientras los trabajadores pongan en su centro la lucha contra la explotación y los dueños del capital, las relaciones que hacen posible vivir del trabajo ajeno.
Cancelar el derecho como vía para la transformación de la sociedad, es no dejar al pueblo más camino que la revolución para cambiar el actual estado de cosas.
Los constructores del Estado Constitucional surgido en 1917 no aceptaron el liberalismo decimonónico, sin que por ello eliminaran los dos ejes del constitucionalismo moderno que son la teoría de la división de poderes y la teoría de los derechos individuales, pero estos últimos nunca se admitieron que tuvieran como fuente la metafísica del derecho iusnaturalista sino la positivista, cuyo principal representante, León Duguit, que aun cuando los pusiera por delante del Estado, sostiene que su origen es la interacción social y la solidaridad. Con la concepción iusnaturalista de los derechos individuales no hubiéramos tenido ni Reforma Agraria, ni Expropiación Petrolera, ni Educación Pública, ni el gran Sistema de Salud que hoy existe, ni las conquistas laborales que los trabajadores han logrado, ni las bases de lo que queremos sea un auténtico Estado Social de Derecho.
Es hora ya de diferenciar entre Derechos Humanos y Derechos Fundamentales. José Rubio Carracedo, en su Teoría Critica de la Ciudadanía Democrática, nos dice: Los primeros son, a la vez, exigencias morales y derechos, en cuanto que son las exigencias morales básicas y, por lo mismo, se ofrecen como el soporte de la legitimidad del Estado de Derecho. A. E. Pérez-Luño en su voluminoso trabajo Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución, explica que los derechos fundamentales, en cambio, son los derechos humanos ya positivizados, que son los que vertebran el Estado de Derecho. Nicola Matteucci, familiar entre nosotros por ser coautor de un célebre diccionario de política, en su libro Organización del Poder y Libertad, a propósito expresa: Alemania, más que Estado Constitucional, llega a ser Estado de Derecho, un Estado que persigue sus fines sólo con las formas y con los límites del derecho, pero que no conoce otros limites a su acción que los que él mismo se pone: no reconoce derechos naturales anteriores al Estado, sino solo derechos subjetivos por él concedidos.
El Estado Constitucional, para serlo debemos permitir que la Ley Suprema y todas sus leyes secundarias no tengan otro origen que la voluntad ciudadana, mientras que el Estado de Derecho puede ser tal si la ley que lo limita no es otra que la que deciden sus destinatarios. Los señores del dinero no sólo quieren un Estado limitado, ahora quieren un Estado cómplice.

ESTADO SOCIAL NO QUIERE DECIR ASISTENCIALISMO: YÁÑEZ VICENCIO.

Comunicado de Prensa 01-04-2011

Interrogado Inocencio Yáñez Vicencio, presidente de la Fundación Colosio en Veracruz, sobre la afirmación del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, en el sentido de que las prácticas asistencialistas “no ayudan en nada a las personas que viven en la lacerante situación de la pobreza”, expresó que es un valiente juicio que muestra su voluntad de retornar el Estado al diseño social que vertebraron los revolucionarios y constituyentes mexicanos en 1917, dándonos el primer Estatuto Jurídico que elevaba los derechos sociales a rango constitucional, cuya voluntad de materializarlos lleva a sus promotores a organizarse en 1929 en el partido que vigilara su cumplimiento, cumplimiento que desde entonces se cuida que se haga con respeto a la dignidad de las personas, partiendo del reconocimiento de sus derechos a la educación, a la salud, a una buena alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la tierra y a la igualdad social.

Cuando vemos que las zonas donde han llegado la mayor parte de los recursos asistencialistas en los últimos 100 años, son las de mayor atraso, no cabe duda de que la historia y la realidad confirman nuestra decisión de privilegiar la justicia social ante el asistencialismo, porque el asistencialismo reemplaza la iniciativa propia y destruye la autonomía.

Mientras que la tesis del Estado subsidiario del Partido Acción Nacional, con su concepción de un Estado de espaldas a la sociedad que solamente intervenga en los renglones que no sean rentables para el mercado, solamente ha sido capaz de generar tan sólo en la última crisis 5 millones más de pobres, pobres que seguramente piensa ver en las calles pidiendo caridad, que no solamente le sirven para expiar culpas sino también para manipularlos con programas que hoy son de alta rentabilidad electoral para la derecha.

El Estado Social de Derecho que enarbola el PRI, es un Estado profundamente comprometido con la lucha por la igualdad social, que no quiere que se sigan produciendo legiones de pobres que solamente sirven para abaratar más la mano de obra y tener en quien canjear falsas expectativas por votos.

El Plan Veracruzano de Desarrollo por eso plantea un Estado socialmente justo y económicamente eficaz, dispuesto a respetar realmente la dignidad de los ciudadanos y dotarle de los recursos para que concreten sus libertades formales y potencialicen todas sus facultades físicas y mentales.

En buena hora que Javier Duarte de Ochoa, tenga la determinación de buscar integrar nuestras zonas de atraso al desarrollo y progreso general para terminar con las grandes desigualdades regionales y sociales que tanto lastiman hoy a nuestra entidad.

A diferencia de quienes piensan que los pobres lo único que necesitan es caridad, el gobierno que encabeza Javier Duarte, sabe que el reclamo es de dignidad y de justicia social y que eso solamente se puede conseguir con la construcción de un Estado Social de Derecho.