Comunicado de Prensa
15 de Octubre de 2009
Al emitir su opinión con relación al decreto de liquidación de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, el presidente de la Fundación Colosio, Inocencio Yañez Vicencio, afirmó que con respecto a la situación financiera de LFC existen testimonios como el de que: “si LFC cobrara lo que consumen las grandes empresas y comercios se resolvería su problema financiero, pues en cuentas especiales y concesiones a grandes empresarios se fugan anualmente casi 40 mil millones de pesos, el doble de lo que va a costar liquidar a los trabajadores activos”. Cabe agregar que en la lista de clientes especiales está la propia Presidencia de la República y las dependencias federales que no pagan luz. También están en la lista varios hoteles de la zona roza y los periódicos Reforma y Unomásuno.
A ello habría que agregar la denuncia del dirigente sindical Martín Esparza quien sostiene que: “…70 por ciento del consumo de electricidad corresponde a 46 mil grandes industriales, que pagan en promedio a 46 centavos el kilovatio-hora, mientras los usuarios domésticos lo pagan a $1.50. “Y todavía a fin del año ese recibo de luz de los industriales es deducible de impuestos. Cabe subrayar que este trato preferencial era responsabilidad de la empresa no del sindicato. Desde el gobierno federal se hizo todo por descapitalizar a LFC. Parte significativa de los subsidios federales transferidos a la empresa se destinó a subvencionar no a los trabajadores, sino a consumidores industriales y comerciales. Se impidió a la compañía generar su propia electricidad y, simultáneamente, la Comisión Federal Electricidad le cobró en la hora pico una tarifa superior a la de uso industrial.
Con ello queda más que claro cual era el paradero de los 42 mil millones de pesos de subsidio anual, que el Gobierno Federal destinaba a “equilibrar” las finanzas de la empresa.
Existe un sinnúmero de desviaciones que apuntan a la intención perversa de forzar la quiebra: deterioro intencionado de infraestructura, negativa a eliminar las cuentas especiales y la insistente intención de deshacerse de bienes nacionales en beneficio de empresas privadas extranjeras.
Yañez Vicencio abundó: Una muestra de complicidad y favoritismo es el contrato –firmado en el sexenio de Vicente Fox, sin licitación alguna- que otorga a la empresa española W. L. Comunicaciones, el derecho a emplear la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, para instalar una red de fibra óptica en el Distrito Federal y el Estado de México, con el propósito de explotar el jugoso negocio llamado “triple play”: Internet, telefonía y televisión de paga, para lo cual han contado con la complicidad de Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, Exsecretarios de Energía del gobierno Foxista.
En contraste con la versión del Presidente Felipe Calderón de que no habrá privatización, existen 700 permisos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía, para que compañías privadas extranjeras generen energía y se la vendan a Comisión Federal de Electricidad, la intención es que empresas extranjeras como Mitsubishi, Enron, Siemens, Intergrem entre otros, suministren energía a los grandes consumidores, quedándose con el 70 por ciento del negocio, dejándole a CFE el servicio domestico y el servicio comercial que es el 30 por ciento. A ello habría que agregar que Comisión Federal de Electricidad no es ninguna garantía dado que la misma empresa reconoce la gran dependencia -que alcanza el 60 por ciento- de la inversión privada bajo diferentes esquemas financieros como productor independiente, autoabastecimiento o cogeneración.
El decreto presidencial es un nuevo acto autoritario, con la desaparición del SME pretende aniquilar una de las fuerzas sociales capaces de aglutinar el descontento social hacia la crisis económica y la política gubernamental. Busca reposicionar la desgastada figura presidencial como resultado de los fracasos en el combate contra el crimen organizado y el errático manejo de la crisis económica que tan sólo en 2009 sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008, de acuerdo a reciente reporte del Banco Mundial y no obstante los deplorables resultados de la gestión calderonista, en lugar de negociar con los trabajadores el PAN y Calderón los persigue y liquida como criminales.
Con el argumento de lo elevado de sus percepciones y el desconocimiento de sus cuotas sindicales, ya sabremos, si es parejo el PAN, lo que le espera a PEMEX, a las universidades, al sistema educativo nacional, al IMSS y demás empresas e instituciones públicas.
Para concluir, el dirigente colosista manifestó que: los empresarios se frotan las manos por el botín que ven en el sector eléctrico, sin reparar que en momentos de crisis como los actuales, lanzar 60 mil trabajadores a la calle es un verdadero desafió a la estabilidad nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario