Comunicado de Prensa 28-03-2011
Cuando Inocencio Yáñez Vicencio, se le pidió su opinión sobre las declaraciones del presidente del CDE del PRI, Héctor Yunes Landa, que hizo en el sentido de que la lotería del IPE debe desaparecer porque todos los gobiernos son malos administradores; expresó el dirigente colosista que no cree que se trata de una capitulación frente a un mercado avasallador que no cesa en su empeño de someter al poder ideológico y al poder político al grado de reducir la soberanía al ritual de poner y quitar autoridades, donde inclusive es capaz de vetar todo aquel que amenace la actual estructura de dominación, por lo que pidió que debe dársele una oportunidad de explicar ese pronunciamiento dado que él, mejor que muchos, sabe que un partido en una sociedad diferenciada, -y no se conoce otro tipo-, es un conglomerado alrededor de un acuerdo en lo fundamental, como es la defensa y respeto de la Constitución, tener leyes decididas directa o indirectamente por sus destinatarios, luchar por una representación democrática, no transigir en la custodia de la soberanía, apartar la educación pública de todo dogma, recuperar el sentido social del Estado.
Los revolucionarios que nos dieron la primera Constitución social del mundo, marcaron distancia del liberalismo decimonónico, del Estado neutro, del dejar hacer dejar pasar, del Estado gendarme garante de relaciones de explotación, desmantelado y limitado, que un día, como ahora, sin base social, fuera incapaz hasta de dar seguridad a las personas y a sus bienes.
Desde luego, como aparecen esas declaraciones -dijo Yáñez Vicencio- colocarían a Héctor Yunes fuera del acuerdo fundamental del PRI, que reconoce la importancia del mercado pero que también sostiene, que no puede ser el único asignador de recursos, por lo que el Estado tiene la obligación de intervenir tanto para que no siga produciendo más pobreza como para poner límites a su pretensión de reducir al Estado a simple caricatura, por la sencilla razón de que sin Estado no hay mercado.
El presidente del PRI en Veracruz -siguió diciendo el analista tuxpeño- tiene razón en pedir que desaparezca una empresa que nació muerta, pero eso de ninguna manera debe tomarse como elemento para levantar una bandera panista, como lo es la de acusar al gobierno de mal administrador, porque aunque al Estado no le está vetado buscar la ganancia, no tiene como fin el lucro, bandera que si bien es cierto es ajena a nosotros, es una bandera que el PAN fundamenta en su tesis del Estado subsidiario, es decir que el que tenga dinero para comer, curarse, educarse, vivirá y el que no sobrevivirá con su raquítico sueldo y la ayuda social, asistencia que mientras la derecha la ve como una acción nacional de caridad para tener a todos los mexicanos con la mano estirada, los priístas la vemos a partir del reconocimiento de derechos, como los derechos sociales que consagramos en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución.
Más allá del acuerdo fundamental que da vida a un partido, hay libertad para disentir, pero si se disiente del acuerdo en lo fundamental, se acaba la razón para pertenecer a él.
